05.02.07
Argentina, el granero transgénico del Mercosur

x Fernando M. López

Según un estudio reciente, ocho de cada diez desocupados de Buenos Aires provienen de la agricultura. Los datos de esta encuesta hablan de la incipiente migración del campo a la ciudad por el impacto del modelo agroexportador bajo el sistema de siembra directa, que permite producir monocultivos con apenas un empleado por cada 500 hectáreas

La fiebre argentina de la soja genéticamente modificada no tiene límites. El cultivo supera en toneladas la mitad de la producción de granos y ya se prevé duplicar la cosecha en menos de diez años. Un modelo peligroso que se expande en los países de la región con el auspicio de las trasnacionales y los representantes locales de los agronegocios.

El tema va más allá de las fronteras de ese país, tal como lo evidencian las situaciones de Uruguay, Brasil y Paraguay, que se incluyen brevemente en este informe.

Uno de los portavoces más influyentes del corporativismo sojero en Argentina, el ingeniero agrónomo y director del suplemento Clarín Rural, Héctor A Huergo, no se cansa de repetir que “Dios es argentino” y que, como tal, decidió bendecir a sus hijos con una nueva oportunidad histórica para el desarrollo. Ese “maná que nos mandó Dios” –según palabras de Huergo– es la soja transgénica. 

Desde que el ex presidente Carlos Menem permitió el cultivo de la soja RR (Roundup Ready) de Monsanto, a mediados de la década de 1990, el modelo de la soja no ha parado de expandirse. Las 5 millones de hectáreas iniciales se transformaron en 16 millones, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA). Esta superficie sembrada implica una producción que supera las 40 millones de toneladas de soja para forrajes, aceites y harinas, los principales productos de exportación.
De esta forma, Argentina logró el segundo puesto mundial en la producción de cultivos transgénicos, detrás de Estados Unidos, aunque para lograrlo tuvo que hipotecar su territorio como campo de prueba de la biotecnología desarrollada por Monsanto y otras trasnacionales, como Syngenta, Nidera, Cargill, Bayer y Basf, que también operan en Sudamérica.

Actualmente, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se proyecta como una “república sojera” sin fronteras entre Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, con una producción que ronda las 100 millones de toneladas y que, en su conjunto, concentra el 68 por ciento de las exportaciones mundiales de soja. Todos estos puntos estarán unidos por la hidrovía Paraguay-Paraná, un megaproyecto de Cargill que permitirá transportar enormes cantidades de soja del MERCOSUR hacia los puertos del Atlántico.

Las voces más optimistas festejan la llamada “revolución verde”, un concepto en el que se incluyen los cultivos transgénicos, los agronegocios, la siembra directa y los desarrollos en biotecnología. En este marco, las trasnacionales incrementan sus ganancias y rediseñan el mapa regional según sus intereses en el mercado mundial. Los países productores equilibran sus balanzas comerciales y, en algunos casos, logran establecer saldos positivos históricos que les permiten coprire i debiti, o reproducir sus propios sistemas de asistencialismo social. Los barones de la soja, mientras tanto, se enriquecen con rapidez y poco esfuerzo. Pero este modelo agropecuario que produce alimentos exclusivos para cerdos, vacas y pollos de Europa y Asia conlleva riesgos.

Veneno

La soja RR es una planta genéticamente modificada (GM) para resistir al Roundup, el herbicida que produce Monsanto a base de glifosato y otros compuestos químicos que permiten aumentar su eficacia contra gli infestanti.

En Argentina la soja insume anualmente unos 160 millones de litros de herbicida, a razón de diez litros por hectárea. La fumigación intensiva en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ya impacta de manera irreversible sobre aquellas ciudades y pueblos que ven el avance de la “revolución verde” a pocos metros de sus cascos urbanos. El Grupo de Reflexión Rural (GRR), que promuove la campaña Paren de Fumigar, junto a otras organizaciones de vecinos autoconvocados, advierte que “se está configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las grandes corporaciones y que sólo los enormes intereses en juego y la ignorancia cómplice de la clase política logran mantener invisibilizado e impune”.

Sólo en el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en los márgenes de Córdoba capital, se registraron 200 enfermos de cáncer por los agrotóxicos, sobre una población total de 5 mil habitantes. Pero también se detectaron otras anomalías: alta incidencia, asma, infezioni en la piel, malformaciones congénitas y alergias.

El caso es paradigmático porque revela las consecuencias más dramáticas del modelo rural vigente, cuestión que se repite en miles de localidades de la gran “república sojera”. La expansión de los monocultivos transgénicos en los últimos diez años distorsionó la estructura territorial de los pueblos rurales. Los cinturones verdes que rodeaban a estos pueblos, como barreras de  los agrotóxicos, fueron ocupados por la soja y ahora las fumigaciones no sólo destruyen malezas, sino la salud de niños y adultos que se ven expuestos a los herbicidas de manera directa.

Complicidad ambientalista

El problema sanitario es apenas uno de los efectos del “boom sojero”. También se debe tener en cuenta la deforestación, la degradación indiscriminada de suelos y la destrucción de la biodiversidad, como consecuencia de la expansión estratégica que planificaron el Banco Mundial (BM) y las trasnacionales, en complicidad con las grandes organizaciones ambientalistas.

El Foro por los 100 Millones Sustentables, que se desarrolla desde 2003 bajo la coordinación de la Fundación Vida Silvestre Argentina (financiada por el BM) y la Asociación Internacional de Agronegocios y Alimentación (IAMA), busca crear consenso entre empresarios, corporaciones y representantes de la sociedad civil para alcanzar en el país una meta de 100 millones de toneladas de granos y oleaginosos transgénicos antes de 2015.

En el foro participan Greenpeace, la Fundación ProYungas para el Desarrollo y la Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña y la Asociación Ornitológica del Plata. También lo hacen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), que desde hace años desarrolla programas curriculares, seminarios, investigaciones y publicaciones en función de los agronegocios.

Los ambientalistas “parten de un sentimiento de derrota, porque piensan que es imposible detener el auge de la soja”, aseguró Jorge Rulli, miembro fundador del GRR . En diálogo con BRECHA, Rulli explicó el caso de la siguiente forma: “Los empresarios lo que plantean es que nos encaminamos a los 100 millones de toneladas de exportación, lo cual requiere unos cuatro millones de hectáreas más en Argentina. Esto implica no sólo la devastación del bosque que queda, sino además el riesgo de una crisis social de proporciones. ¿Cómo hacer para evitar colapsos ambientales o crisis sociales?, se preguntan las corporaciones. Se necesitan guías (ambientalistas), gente que entienda de biodiversidad para saber dónde avanzar y dónde no, para no provocar crisis ambientales o conflictos sociales graves, como ya sucedió en Santiago del Estero con los campesinos”.

Expulsados de sus tierras

De todos modos, las crisis sociales ya son evidentes con el desplazamiento territorial, el desempleo y la violencia al estilo de las guardias rurales que operan impunemente en Paraguay.

Los barones de la soja ejercen la fuerza indiscriminada para ampliar sus propias fronteras, expulsando a pequeños productores, campesinos y pueblos originarios, mediante la creación de grupos paramilitares. Se trata de un método que nació con el boom de la soja transgénica, primero en Santiago del Estero, y en los últimos años en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Aquellos que logran sobrevivir a la represión privada pasan directamente a la desocupación urbana.

Brecha. 
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05-02-2007
Vía Campesina cuestiona la suspensión de la expropiación de la Syngenta

Vía Campesina Brasil

En una decisión política de la Justicia de Paraná, que favorece a las transnacionales y al lobby pro-transgénicos, perjudicando a la sociedad y a los campesinos, el Tribunal de Justicia de Paraná (TJ) expidió ayer (01/02) una providencia suspendiendo el Decreto n.º 7.487, del 9 de noviembre de 2006, del gobierno de Paraná, que declara de utilidad pública el campo de experimentación ilegal de transgénicos de la trasnacional suiza Syngenta Seeds Ltda, en Santa Tereza do Oeste.

En noviembre del año pasado el predio fue expropiado por el gobierno del Estado para la implantación del Centro Paranaense de Agroecología. En ese momento, más de 170 organizaciones de Brasil y del exterior apoyaron la desapropiación del predio.

Los terrenos fueron ocupados por la Vía Campesina para denunciar la producción de soja y maíz transgénicos, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Iguazú, que guarda una de las mayores riquezas de la biodiversidad del mundo: las Cataratas de Iguazú. Tan es así que fue reconocido, desde 1986, por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Tras la denuncia de la Vía Campesina, el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) multó a la transnacional en R$ 1 millón por delitos contra la bioseguridad. Pero hasta la fecha la multa todavía no ha sido pagada.

A seis kilómetros del Parque Nacional del Iguazú, en el campo donde antes la empresa suiza irrespetaba la biodiversidad, con la plantación de soja y maíz transgénico, ahora los integrantes de la Vía Campesina están produciendo alimentos agroecológicos y recuperando el medioambiente de la región.

Las 62 familias de la Vía Campesina que permanecen en este sector, desde marzo de 2006, están recuperando la biodiversidad, transformando el campo en un espacio de producción agroecológica. Rebautizado como Tierra Libre, el área de 127 hectáreas ya está plantada con cerca de 60 hectáreas de fríjol, maíz, arroz, yuca, cacahuete, entre otros. La producción es para el auto-abastecimiento de los campesinos.

También fueron plantados cerca de 3 mil árboles nativos, durante la Jornada de Agroecología de 2006. Desde el inicio, el objetivo de las familias fue convertir a este campo en un referente de la producción agroecológica.

Las alegaciones de la Syngenta de que sus actividades son legales y que tenía autorización de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) no proceden, porque la empresa violó una ley federal que protege el medioambiente. Aunque tuviese autorización, no puede incumplir la ley.

En este sentido, el Poder Judicial ha afirmando que el referido órgano es "instancia colegiada multidisciplinar" y, como tal, cualquier opinión o conclusión que haya elaborado no podrá, de ninguna manera, prevalecer por sobre las disposiciones de la ley ordinaria federal, en el caso N º 10.814/2003, que puede perfectamente imponer restricciones a la plantación, tal como efectivamente lo hizo.

Los integrantes de la Vía Campesina permanecen acampadas frente al área de la multinacional. Lo que está en juego en este caso no son disputas locales, sino cual es el modelo agrícola que será adoptado en el país.

La Vía Campesina defiende un modelo de agricultura agroecológica, que protege la biodiversidad, y continúa luchando contra el agronegocio, que ha subordinando la agricultura a los intereses de las transnacionales, promoviendo la destrucción y contaminación del medio ambiente
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