El Terrorismo de Estado al desnudo
La Triple A, la CIA y la Operación Cóndor

Stella Calloni
APM

Las investigaciones judiciales en Argentina ponen al descubierto a la macabra red que actuó en este país y en América Latina, bajo el manto de la Doctrina de Seguridad Nacional

La resolución del juez federal Norberto Oyarbide que ordenó el pasado 26 de enero la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”) y su extradición desde España, en la causa que investiga los crímenes de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) entre los años 1973-1976, creó en Buenos Aires una polémica política a todas luces falsa.

Esta causa está basada en “50 cuerpos de actuación y muchísimos legajos”, según el magistrado y es una de las más importantes en la historia de la justicia argentina, después del juicio a las Juntas Militares de la pasada dictadura (1976-1983).

El juez rechazó que exista algún elemento que responsabilice al ex presidente Juan Domingo Perón, quien falleció cuando gobernaba por tercera vez el país en julio de 1974, pero en cambio considera que la ex mandataria prestó una colaboración “esencial” en los crímenes que cometió la Triple A entre los años 74 y 76, aunque el accionar de este grupo había comenzado en 1973, cuando el ex cabo de policía José López Rega, devenido en Ministro de Bienestar Social en el gobierno peronista, llegó al país.

La especulación política de diversos sectores parece destinada a detener este intento de hacer justicia sobre hechos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial, que como otros no pueden prescribir.

El juez Oyarbide sostuvo que existe "prueba muy puntual que habla de que los ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, formaban parte de los grupos operativos" de la Triple A.

En este caso tiene responsabilidad la ex presidenta Perón, por el cargo que ocupaba, su relación directa con los implicados -que eran su propia custodia- y el hombre clave de su gobierno nada menos que López Rega el fundador de la Triple A. Y si no la tiene ella es quien mejor puede explicarlo.

A partir de su llegada al país en 1973 López Rega contó con el apoyo de sectores de inteligencia y hombres de las dictaduras anteriores, grupos de choque de la derecha peronista, entre otras organizaciones como las Milicias Nacionalistas, los grupos nazis, el Comando Nacional Universitario (CNU) que conformaron los equipos de inteligencia para ubicar a las víctimas, dar organicidad e impunidad a los secuestros, torturas y asesinatos.

Más allá de que Oyarbide hubiera actuado o no, la investigación de los hechos de la pasada dictadura llevaban inevitablemente a su más directo antecedente que es la Triple A, como se puede ver en el accionar del grupo. De hecho en todas las investigaciones sobre la Operación Cóndor -coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur- surge la presencia de los hombres de la Triple A, ex policías, integrantes de cuerpos de seguridad y delincuentes, en la mayoría de los casos, como su actuación en el Centro Clandestino de detención Automotores Orletti, clave en la historia del terror.

Así, el juez decidió la prisión preventiva contra Isabel y los ex policías federales acusados por los homicidios de la Triple A y estableció que si España no extradita a la ex presidenta, podrá ser juzgada en ese país, al que se remitirán los expedientes necesarios.

Sería imposible entonces esconder bajo la alfombra el antecedente básico de lo que sería Cóndor, cuando la llegada de la dictadura argentina el 24 de marzo de 1976 institucionalizó a esta operación contrainsurgente que ya estaba en marcha.

La actuación de la Triple A está encuadrada en acciones de terrorismo de Estado, porque en la ola de crímenes de lesa humanidad, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, amenazas, persecuciones, participaban funcionarios gubernamentales, jefes policiales, sectores militares y de seguridad, lo que garantizaba la impunidad.

El decreto firmado en los últimos días por el presidente Néstor Kirchner alcanza “a los hechos que de cualquier manera se vincularen con el terrorismo de Estado” y en esto queda encuadrada la Triple A, con causas dormidas en la justicia.

Por estos días, el Consejo de Ministros de España resolvió extraditar al ex sargento de la Policía Federal argentina, Juan Carlos Fotea Daneri, (”Lobo”) acusado por el asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh en marzo de 1977, entre otras causas.

La extradición de Fotea fue solicitada por el juez federal Sergio Torres, que lleva adelante los juicios sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde está acusado de integrar el grupo que secuestró y trasladó a ese lugar -además de Walsh - a tres madres fundadoras de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otras personas a fines de 1977.

El juez español Baltasar Garzón ya lo había imputado en Madrid en el marco de la investigación sobre los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile y estaba detenido desde el 23 de noviembre pasado.

Además el acusado está señalado como "oficial del sector Operaciones” en el grupo que encabezó Raúl Guglielminetti (alias Mayor Guastavino) quien en 1996 también fue imputado en España, y ahora detenido aquí por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, una de las sedes de la Operación Cóndor durante la dictadura. Pero tanto Guglielminetti como Fotea habían actuado con la Triple A.

La estrategia de los responsables de los asesinatos, secuestros, torturas, que era la forma de actuación de la Triple A, es tratar de imponer mediáticamente que se trata de una “venganza” de la izquierda peronista en el gobierno actual, perseguida en el pasado por estos grupos paramilitares.

Estas argucias de la ultraderecha peronista y de otros sectores encuentran eco en algunas figuras políticas de la oposición en el marco de la carrera electoral.

Sin embargo la causa de la Triple A se iba a investigar más temprano que tarde por las consecuencias de su accionar y su involucramiento en los crímenes de la dictadura militar.

En Argentina hubo ya algunas desapariciones en los años 70, 71 y en 1972-entre otros hechos graves- se produjo la matanza de detenidos políticos en la base naval de Trelew al sur del país. El aparato represivo ilegal “comenzó a estructurarse a partir de 1971 en torno a la figura del comisario general (de la Policía Federal) Alberto Villar” quien era entonces Director General de Orden Urbano, como declaró en 1983 en Holanda ante una Comisión de Derechos Humanos el ex policia Rodolfo Peregrino Fernández en 1983.

Señaló el mismo testigo, “desde sus funciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar en torno suyo una estructura paralela para la realización de acciones violentas ilegales” y por eso “fue después un de las principales vertientes de la Triple A”.

Estos hechos indican que cuando subió al gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, terminando con un largo período de proscripción del Partido Peronista, estaban armadas las estructuras de represión, control y contrainsurgencia de las dictaduras anteriores y la organización de Villar, ligada a grupos nazi, fue clave para los proyectos que trajo el ex cabo policial José López Rega.

Todas las investigaciones sobre la Triple A ubican que López Rega había tenido “contactos de trabajo” con la embajada de Estados Unidos en España, y especialmente con el embajador Robert Hill, quien había participado en forma activa en la invasión estadounidense a Guatemala en 1954.

Así además de los lazos que ya tenía López Rega con la Internacional Fascista con base en España, la Organización del Ejército Secreto (OAS) de Francia, Hill posibilitó su encuentro con los jefes de los escuadrones de la muerte que actuaban en Guatemala y otros lugares de América Latina.

Con todos esos antecedentes en sus manos y lo que ya estaba andando en Argentina López Rega, que acudió además a sectores marginales, pudo construir un reino de terror solventado en la corrupción, la mafia y el crimen. La banda parapolicial que formó tenía como objetivo acabar con los dirigentes más activos de la izquierda peronista y figuras izquierdistas en general.

Fue López Rega quien volvió a llamar a las filas policiales a dos oficiales que estaban castigados por delitos, como Morales y Almirón, cuya extradición desde España está en marcha ahora y convirtió al Ministerio de Bienestar Social en una virtual sede de la Triple A. También nombró jefe de la policía federal al comisario Villar e introdujo al ex comisario Héctor García Rey, denunciado por represión feroz en Tucumán, en su momento y figura importante luego en la Operación Cóndor.

Asimismo ya había conexiones de la Triple A con organismos de represión especial de otras dictaduras. Villar era viejo amigo del ya fallecido dictador de Bolivia Hugo Bánzer Suárez.

De modo que el tema de la triple A quedó ligado al esquema de contrainsurgencia que la CIA estadounidense trabajó con varias de estas figuras en la región como antesala de las dictaduras y entre 1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron aquí o fueron devueltos sus países de origen que era como entregarlos a la muerte.

Durante el tiempo en que actuó la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y otras organizaciones complementarias (1973-1976), varios extranjeros perseguidos políticos que buscaron asilo en el país después del golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, fueron desaparecidos aquí o en sus países de origen, a los que fueron entregados.

Dos equipos de investigación del Comité de Defensa de los derechos de los Pueblos de Chile (Codepu) lograron reconstruir el destino de varios asesinados y desaparecidos chilenos aquí o entregados a la dictadura de Pinochet.

Así da cuenta de que el 27 de octubre de 1973 tres ciudadanos chilenos que habían llegado huyendo desde Coyhaique a la localidad de Río de Mayo en la provincia argentina sureña de Chubut, fueron entregados a militares de su país.

Ellos eran Juan Vera Oyarzún, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda y José Rosendo Pérez Ríos detenidos en un escuadrón de gendarmería argentina, después de ser entregados por el dueño de una finca en la que pidieron ayuda.

Los militares chilenos los asesinaron en el camino de regreso y nunca se encontraron sus cadáveres.

Codepu ya había investigado y escrito sobre la Operación Colombo, armada para que Pinochet justificara ante Naciones Unidas la desaparición de 119 personas. Fue una acción criminal coordinada de DINA, Triple A, sectores de seguridad y policiales de Argentina, que involucró también a cierta prensa y consistió en hacer aparecer cadáveres quemados y decapitados a los que colocaron documentos falsos de algunos de los chilenos que figuraban en la lista de la ONU para fundamentar que los desaparecidos en realidad “se estaban matando entre ellos fuera del país por diferencias políticas”.

Las investigaciones sobre lo sucedido con extranjeros refugiados en Argentina, muchos de ellos procedentes de Chile entre 1793 y 1976, indican que también ciudadanos brasileños, uruguayos y de otros países desaparecieron aquí, antes de la Operación Cóndor.

Después del golpe militar de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, una cantidad de brasileños refugiados en Chile llegaron a la Argentina con la esperanza de una segunda salvación.

Pero poco tiempo después fueron víctimas de persecuciones y también de desapariciones forzadas.

Entre los casos más importantes en 1973-74 figura el secuestro y desaparición del mayor Joaquín Cerveira. Gracias a una fuerte presión internacional fue ubicado tiempo después con vida en una prisión de Río de Janeiro, después de haber sido entregado a los militares de su país.
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 11.02.07
Camiri: Exigen recuperar los “campos marginales” y nacionalizar refinerías. Dura represión

x LOR-CI

El gobierno de Evo Morales argumenta que no puede revertir esos campos por respeto a los contratos con las transnacionales y quiere transformar las refinerías en empresas mixtas

Un fuerte paro cívico se sostuvo por una semana en Camiri, ciudad del sur cruceño, bloqueando la estratégica ruta Santa Cruz-Yacuiba y llegando a la toma de los campos de Andina y Total y el cierre de válvulas del gasoducto. Al llamado del Comité Cívico local se sumaron, entre otros sectores, la Asamblea del Pueblo Guaraní y los ex trabajadores (relocalizados) de YPFB.

Se exige no sólo una demanda local, como es el respeto a la instalación de la Gerencia de Exploración y Explotación de YPFB en esa ciudad (una concesión cedida en tiempos de Carlos Mesa), sino dos puntos muy importantes: la reversión al Estado de los llamados “campos marginales” de petróleo y de las dos refinerías capitalizadas a favor de Petrobras en los años 90.

A pesar de sus límites, estos puntos chocan directamente con la política petrolera del gobierno que argumenta que no puede revertir esos campos por respeto a los contratos con las transnacionales y quiere transformar las refinerías en empresas mixtas mediante la recuperación y compra de acciones negociando con Petrobras en buenos términos. Así, el ministro Villegas rechazó las demandas por “inatendibles”, pues plantearían la “expropiación de las inversiones petroleras”.

La oligarquía empresarial cruceña fue muy clara en atacar la medida de los camireños: Oscar Ortiz, de la poderosa CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo), calificó la situación como “desgobierno” y llamó a “asegurar la autoridad del Estado”. Roger Rivero, de la Cámara del Transporte Pesado, declaró: “Hay un descontrol tremendo de los sectores sociales. El Gobierno y el Congreso deben tomar cartas en el asunto y hacer que se aplique la ley. No hay límites.” (El nuevo Día, SC, 4/02). Aunque el prefecto Costas, que se trasladó a Camiri, y la derecha cruceña se “solidarizaron” demagógicamente para “llevar agua a su propio molino”.

Lamentablemente el Comité Cívico de Camiri, del que es vicepresidente el intelectual nacionalista Mirko Orgaz, no se diferenció pública y claramente de ese “apoyo”, ni tuvo una política para nacionalizar la lucha.

El MAS, que trata con “guantes de seda” a la derecha regionalista, aprovechó esto para lanzar violentos ataques. Antonio Peredo acusó calumniosamente a Camiri de hacer el juego a la reacción, ligándolos a una “conspiración internacional” aunque debió reconocer que planteaban una “demanda justa”.

Mientras negociaba por separado con las otras provincias del Chaco, el gobierno montó un operativo militar en la noche del 3 de febrero, desalojando los campos ocupados, con una decena o más de heridos en medio de la indignación popular.

Tras la dura represión, el gobierno negoció con el Comité Cívico local ofreciendo algunas concesiones como la instalación de la gerencia de YPFB y otras. La lucha de Camiri cuestiona tanto las pretensiones de la élite cruceña (que quiere disponer “autónomamente” del gas para beneficiarse como “comisionista” de las petroleras), como la “pseudonacionalización” gubernamental, y pone sobre la mesa la necesidad de luchar por una genuina nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización a las transnacionales y bajo control de los trabajadores.
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Los 44 contratos de operación suscritos por el Estado boliviano y las compañías petroleras el 27 y 28 de octubre de 2006 en el marco del decreto Nº 28701 de 1 de mayo de 2006, más conocido como el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, todavía no están en vigencia, confirmó hoy la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La nacionalización petrolera, una de las demandas principales del movimiento popular boliviano y base de la campaña electoral del Presidente Evo Morales, está trancada por razones burocráticas.

Ninguno de los contratos fue “protocolizado” por cuanto este “acto administrativo implica que los representantes legales de las empresas, conjuntamente al Presidente Ejecutivo de YPFB, suscriban el protocolo respectivo ante la Notaría de Gobierno, requisito que a la fecha no se ejecutó”, indica un escueto comunicado de YPFB difundido este miércoles.

“El Chaco boliviano exige el cumplimiento de la ley que manda la creación de un YPFB operativo y no corporativo como pretende el gobierno”, dijo Orgaz al recalcar que el Ejecutivo pretende la creación de una “empresa estatal fantasma”, centralizada en La Paz para ser “botín político” de la nueva administración de gobierno. Las autoridades han propuesto la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que descentralice las operaciones de la petrolera estatal.

Los líderes cívicos de Camiri exigen además la total recuperación de los campos petroleros marginales y cerrados que no recibieron inversión alguna de las empresas. Estos dirigentes piden que los campos sean operados por la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB para generar fuentes de trabajo directo e indirecto. El ministro Villegas aseveró que las exigencias de Camiri son “inatendibles” por el Poder Ejecutivo, pues estas incluyen la “expropiación de las inversiones petroleras”.